Multas STPS en la Ciudad de México: la aritmética real de una inspección

Hay una confusión que sale cara. Durante décadas, las sanciones laborales en México se calcularon en veces el salario mínimo. Esa lógica desapareció. Desde la reforma publicada el 1.º de mayo de 2019, el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo ordena que las multas se expresen en Unidades de Medida y Actualización (UMA) , y el artículo 992 precisa que la base de cálculo es el valor de la UMA vigente al momento de cometerse la violación . La consecuencia práctica es silenciosa pero constante: cada enero el INEGI publica un valor de UMA más alto y, sin que nadie reforme la ley, el costo de incumplir sube.

Para 2026 ese valor es de $117.31 pesos diarios , según el aviso del INEGI publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2026 y vigente desde el 1.º de febrero. Sobre esa cifra descansa toda la aritmética que sigue.

La fracción que le importa a un centro de trabajo

De las ocho fracciones del artículo 994, la que concentra el riesgo operativo es la fracción V : sanciona con 250 a 5,000 UMA al patrón que "no observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las Leyes para prevenir los riesgos de trabajo". Traducido a pesos de 2026, el rango es contundente: el piso es de $29,327.50 y el techo, $586,550.00 por infracción. No por inspección: por infracción.

Esa distinción es el corazón del asunto. Un acta de inspección no arroja una multa global; enumera cada incumplimiento como un punto normativo independiente. Si el inspector documenta que no hay comisión de seguridad e higiene, que el programa de protección contra incendios está incompleto, que falta el equipo de protección personal específico y que no se aplicó la NOM-035, cada uno de esos hallazgos abre su propia línea sancionable. La cuenta se acumula.

Por qué la misma falta puede costar diez veces más

El artículo 992 obliga a la autoridad a individualizar la sanción atendiendo, entre otros factores, al carácter intencional de la conducta, a la gravedad de la infracción y al daño causado. En materia de seguridad e higiene esto tiene un efecto multiplicador poco intuitivo: el número de trabajadores expuestos agrava el monto . Un mismo defecto —una guarda de máquina ausente, un espacio confinado sin protocolo— no pesa igual si expone a tres personas o a ciento treinta. La ley permite graduar hacia arriba en función de ese alcance, y la reincidencia empuja el monto hacia el techo de 5,000 UMA.

De ahí que la frase "una multita de la STPS" sea un error de encuadre. La exposición real de una empresa mediana no es una cifra; es una combinación de hallazgos por trabajadores expuestos por gravedad. Es el motivo por el que un centro de trabajo con diez incumplimientos y decenas de personas expuestas puede recibir un pliego cuya suma se mide en millones, aunque cada línea individual parta del mismo piso de 250 UMA.

La jurisdicción dividida de la capital

En la Ciudad de México conviven dos autoridades laborales. La federal —la STPS, a través de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo y su Oficina de Representación en la capital— vigila la seguridad y salud en el trabajo, competencia que la Constitución reserva al ámbito federal. La local —la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX (STyFE)— atiende las condiciones generales de trabajo de los centros de jurisdicción local y, a petición de la autoridad federal, puede verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud. Para un patrón esto significa que la puerta de la inspección puede tocar por más de un lado, y que las NOM de seguridad son, casi siempre, terreno federal.

Por qué la CDMX es el territorio de mayor exposición

Aquí es donde el dato desmiente a la intuición. La sanción no distingue por ciudad, pero la probabilidad de ser visitado sí depende de dónde opera la empresa, porque la inspección se concentra donde hay más centros de trabajo formales. Y la capital lidera. En mayo de 2025 la Ciudad de México fue la entidad con mayor número de personas afiliadas al IMSS del país, con 3,481,080 asegurados , y registró el salario base de cotización más alto a nivel nacional. En número de establecimientos, la capital es la segunda entidad del país según el DENUE. Más empleo formal y más establecimientos equivalen a más superficie inspeccionable: la CDMX es, en términos estadísticos, el mayor tablero de vigilancia laboral de México.

La inspección dejó de ser una lotería

Los Programas de Inspección 2024, 2025 y 2026 comparten una tesis: dejar atrás la visita al azar y sustituirla por un modelo focalizado y basado en riesgo . Los documentos oficiales describen plataformas y modelos "inteligentes" que analizan datos estadísticos de inspecciones previas y cruzan información de la STPS con la del IMSS, el SAT y el Infonavit para seleccionar los centros de trabajo que se visitarán. En 2024 se ejecutaron más de 32,000 inspecciones; para 2025 la meta subió a 43,000 y para 2026 el programa fija 38,455, con el argumento explícito de "menos inspecciones por cumplir una meta y más inspecciones que realmente mejoren las condiciones de trabajo". El mensaje regulatorio es claro: la selección se afina y el perfil de incumplimiento pesa.

El otro dato que rara vez se lee bien: de las más de 32,000 inspecciones de 2024, más de 23,000 fueron extraordinarias —detonadas por denuncias, accidentes o riesgos inminentes— y alrededor de 9,000 ordinarias. Dicho de otro modo, dos de cada tres visitas no fueron programadas: llegaron porque algo las llamó. Un tablero de seguridad e higiene deficiente no solo eleva el monto potencial de la multa; eleva la probabilidad de que la inspección ocurra.

El límite del dato: lo que la transparencia no muestra

Un estudio riguroso debe declarar dónde termina la evidencia. La STPS informa con regularidad cuántas inspecciones realiza, a cuántos trabajadores beneficia y cómo se distribuyen por rama industrial. Lo que no publica de forma abierta y desagregada es un padrón de multas por entidad, por ciudad o por empleador. No existe, en fuentes abiertas, un "cuánto se multó en la CDMX en 2024" con la misma solidez con la que existe el conteo de inspecciones. Por eso este Observatorio no inventa esa cifra. Presenta, en cambio, un modelo de exposición transparente —abajo— que parte solo de datos verificados y deja explícito qué es dato oficial y qué es escenario.

El régimen actual de multas laborales nace de una decisión que parecía técnica y resultó estructural. En 2016, la reforma constitucional de desindexación del salario mínimo creó la UMA para separar el salario —que debía recuperar poder adquisitivo— de las obligaciones y sanciones indexadas, que debían seguir solo a la inflación. Tres años después, la reforma laboral publicada el 1.º de mayo de 2019 trasladó las multas del artículo 994 a esa nueva unidad. Desde entonces, el costo de incumplir crece cada febrero de forma automática y previsible.

El otro eje de la historia es operativo. Durante años, la inspección federal se movió por metas de volumen: en 2015 la autoridad reportaba más de 124,000 visitas anuales, de las cuales alrededor de 40,000 eran específicamente de seguridad e higiene. Ese modelo de cobertura amplia convivía con una crítica persistente: se inspeccionaba mucho, pero no necesariamente donde más se necesitaba. La respuesta llegó con la focalización. Los programas recientes abandonan la lógica de "cumplir la meta" para adoptar una selección basada en riesgo, alimentada por el cruce de bases de datos entre dependencias.

El resultado es un cambio de época para el patrón. Antes, no ser visitado era, en buena medida, cuestión de probabilidad estadística y tamaño. Hoy, la ausencia de programas de capacitación, un historial de accidentes reportados ante el IMSS o una denuncia laboral pueden colocar a una empresa —incluso pequeña— en la lista de prioridades. La capital, por su densidad de empleo formal, vive esta transición con especial intensidad: es donde el modelo tiene más datos que analizar y más centros de trabajo que priorizar.

La línea que une ambos ejes es sencilla de enunciar y difícil de ignorar: el costo de incumplir sube solo cada año, y la probabilidad de que ese costo se materialice ya no depende del azar, sino de un perfil de riesgo que el propio incumplimiento construye.